{"id":89013,"date":"2026-02-25T04:51:17","date_gmt":"2026-02-25T08:51:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diariosalud.do\/?p=89013"},"modified":"2026-02-25T04:51:17","modified_gmt":"2026-02-25T08:51:17","slug":"expertos-piden-anular-resolucion-624-02-sobre-capita-diferenciada-en-el-sistema-de-seguridad-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ktechproduccion.net\/diariosalud.do\/expertos-piden-anular-resolucion-624-02-sobre-capita-diferenciada-en-el-sistema-de-seguridad-social\/","title":{"rendered":"Expertos piden anular Resoluci\u00f3n 624-02 sobre c\u00e1pita diferenciada en el sistema de seguridad social"},"content":{"rendered":"\n

La Asociaci\u00f3n Dominicana de Igualas M\u00e9dicas y Administradoras de Riesgos de Salud <\/strong>(ADIMARS) llev\u00f3 a cabo el panel titulado \u201cC\u00e1pita diferenciada: Dise\u00f1arla bien y hacer lo correcto<\/em><\/strong>\u201d, con el objetivo de crear un espacio de an\u00e1lisis y reflexi\u00f3n en torno al dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de este mecanismo dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.<\/p>\n\n\n\n

El conversatorio fue moderado por Alba Joselin Holgu\u00edn Pichardo, directora ejecutiva de ADIMARS, y cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de los expertos Jos\u00e9 Selig, Fernando Caama\u00f1o, Manuel Ferm\u00edn Cabral, Eduardo Jorge Prats y Pedro Jim\u00e9nez, quienes abordaron distintas perspectivas t\u00e9cnicas, econ\u00f3micas y jur\u00eddicas sobre la c\u00e1pita diferenciada.<\/p>\n\n\n\n

Durante su intervenci\u00f3n, el licenciado Manuel Ferm\u00edn Cabral cuestion\u00f3 la transparencia y legalidad<\/strong> del proceso mediante el cual el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprob\u00f3 la Resoluci\u00f3n 624-02, que modifica el mecanismo de distribuci\u00f3n de pagos a las ARS tomando \u00fanicamente las variables de edad y sexo, pese a que la Ley 87-01<\/strong> contempla criterios m\u00e1s amplios.<\/p>\n\n\n\n

Desde el derecho administrativo, se\u00f1al\u00f3 presuntas irregularidades formales en el procedimiento, incluyendo inconsistencias en las actas, al figurar una sesi\u00f3n fechada el 23 de octubre 2025 donde supuestamente se adoptaron decisiones, y otra del 31 de octubre 2025<\/strong> en la que se emite la resoluci\u00f3n. A su juicio, esto genera dudas sobre la validez del proceso y el cumplimiento de las reglas de convocatoria, qu\u00f3rum y deliberaci\u00f3n<\/strong> establecidas por la ley.<\/p>\n\n\n\n

Indic\u00f3 adem\u00e1s que los miembros del Consejo debieron recibir con antelaci\u00f3n la documentaci\u00f3n necesaria para tomar decisiones fundamentadas, lo que \u2014seg\u00fan afirm\u00f3\u2014 no ocurri\u00f3, especialmente considerando que el informe t\u00e9cnico que sustentar\u00eda la medida fue presentado con posterioridad<\/strong> a la sesi\u00f3n en que se habr\u00eda aprobado.<\/p>\n\n\n\n

Ferm\u00edn Cabral sostuvo tambi\u00e9n que no se cumpli\u00f3 con el procedimiento de consulta p\u00fablica dispuesto en la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas frente a la administraci\u00f3n, que obliga a publicar previamente las propuestas regulatorias para permitir la participaci\u00f3n de los sectores interesados. La omisi\u00f3n de este paso, advirti\u00f3, podr\u00eda acarrear la nulidad absoluta de la resoluci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Fernando Caama\u00f1o calific\u00f3 el cambio en el mecanismo de pago por c\u00e1pita diferenciada como una decisi\u00f3n \u201cinoportuna y mal gestionada<\/strong>\u201d, que podr\u00eda generar desequilibrios financieros y conflictos institucionales. <\/p>\n\n\n\n

Afirm\u00f3 que el c\u00e1lculo aplicado carece de estudios t\u00e9cnicos y actuariales actualizados, al basarse en estad\u00edsticas previas a 2020 y limitarse a variables como edad y sexo, dejando fuera factores determinantes como condiciones de salud, ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica y perfil socioecon\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n

El especialista consider\u00f3 que el problema no es exclusivamente de c\u00e1pita, sino estructural, al evidenciar insuficiencia financiera en el sistema. Asimismo, cuestion\u00f3 que la medida se adoptara sin el consenso necesario entre los actores del sector<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Juristas y especialistas coincidieron en que la Resoluci\u00f3n 624-02 debe ser anulada por el Tribunal Superior Administrativo<\/strong>, al considerar que fue adoptada sin el debido proceso, con informaci\u00f3n distorsionada y sin demostrar un beneficio real para los afiliados.<\/p>\n\n\n\n

Durante el panel se reiter\u00f3 que el centro del debate debe ser la protecci\u00f3n de los afiliados \u2014\u201clos verdaderos due\u00f1os del sistema\u201d\u2014 y no los intereses particulares. En ese sentido, plantearon la necesidad de que se suspenda la medida y se convoque a una mesa de di\u00e1logo amplia<\/strong>, con participaci\u00f3n de todos los actores, incluido el Poder Ejecutivo, para revisar de manera integral la Ley 87-01.<\/p>\n\n\n\n

Los expertos argumentaron que la resoluci\u00f3n podr\u00eda resultar inconstitucional por violar principios como la razonabilidad, la buena administraci\u00f3n y la seguridad jur\u00eddica, al no haberse respetado plenamente el debido proceso ni garantizado la participaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El panel se llev\u00f3 a cabo en el Sal\u00f3n de Conferencias Dr. Guarocuya Batista del Villar, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Aut\u00f3noma de Santo Domingo (UASD), con la participaci\u00f3n de representantes del sector salud, ejecutivos de ADIMARS, juristas y especialistas de diversas \u00e1reas \u2014entre ellas pol\u00edtica y econom\u00eda\u2014 as\u00ed como medios de comunicaci\u00f3n, quienes dieron seguimiento al debate sobre la c\u00e1pita diferenciada y su impacto en el sistema de seguridad social.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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