El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó este martes que, ante denuncias relacionadas con un proceso de contratación de servicios de nutrición, se decidió detener y desestimar dicho concurso, con el objetivo de garantizar la transparencia, la legalidad y la correcta administración de los recursos públicos.
El doctor Landrón explicó que el proceso fue iniciado en diciembre de 2025 por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución y que la actual gestión le dio continuidad como parte del principio de institucionalidad.
No obstante, precisó que tras una evaluación técnica y administrativa más exhaustiva, se identificaron observaciones y deficiencias en la ficha técnica original, lo que motivó la decisión de paralizar formalmente el proceso en la fecha de hoy y hacerlo de conocimiento público, en apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
En ese contexto, el director ejecutivo del SNS instruyó detener todos los procesos de licitación en curso en la institución, incluyendo los relacionados con servicios de nutrición y diálisis, a fin de revisarlos de manera integral junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), para asegurar que se ajusten estrictamente a las normativas vigentes, sin afectar la continuidad de los servicios a los pacientes.
Asimismo, el SNS anunció que se estarán realizando nuevos concursos de servicios de nutrición directamente en los hospitales públicos, diseñados conforme a las necesidades específicas de cada centro de salud, con el acompañamiento técnico y la supervisión de la DGCP, garantizando procesos más eficientes, transparentes y alineados a las demandas reales de la Red Pública.
La institución reiteró que, junto a la DGCP, se realizará una revisión integral de todos los procesos de compras y contrataciones, fortaleciendo los principios de transparencia, equidad y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 y sus reglamentos.
Finalmente, el doctor Landrón aseguró que en su gestión primarán la ética, la transparencia y el apego a la ley, con el propósito de garantizar servicios de calidad a la población y preservar la correcta administración de los recursos del Estado.
