El doctor Severo Mercedes, cirujano plástico, abogado, magíster en Derecho Médico y pasado presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), denunció una serie de irregularidades en el gremio, al tiempo que hizo un llamado a detener lo que calificó como desinformación y violaciones a la Ley 68-03 de colegiación médica.
El doctor Mercedes hizo referencia a la paralización del proceso de recertificación médica en el país, al tiempo que criticó una comunicación del CMD dirigida a las sociedades médicas especializadas, la cual consideró contradictoria y basada en un desconocimiento de la normativa vigente.
En ese sentido, explicó que la solicitud hecha a las sociedades para adecuar sus estatutos al CMD resulta improcedente, ya que, aunque son filiales del gremio, cuentan con autonomía administrativa y normativa propia. A su juicio, esta medida podría generar conflictos innecesarios dentro del sector médico organizado.
“Eso refleja un desconocimiento total de la ley, porque las sociedades especializadas tienen independencia administrativa y sus propios estatutos, aunque sean filiales”, expresó el doctor Mercedes, al indicar que estas entidades ya cumplen con los requisitos legales establecidos desde su reconocimiento.
En cuanto a la recertificación médica, el especialista subrayó que este proceso es fundamental para garantizar la calidad de los servicios de salud, al asegurar la actualización constante de los profesionales en un entorno donde la medicina evoluciona de manera continua. Recordó que su implementación inició en 2021 como parte de un esfuerzo sostenido del sector.
“La recertificación médica garantiza la calidad de los servicios, porque implica la actualización constante de los profesionales de la salud”, afirmó. Sin embargo, denunció que este proceso ha sido interrumpido, pese a que, según indicó, se habían dejado más de mil expedientes listos para su ejecución, lo que representa un retroceso para el sistema sanitario.
Asimismo, aclaró que la certificación de los profesionales de la salud corresponde al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), conforme a la Ley 139-01, mientras que la recertificación es responsabilidad del Consejo Nacional de Recertificación Médica (CONAREM), creado mediante el decreto 642-05, y del cual fue su primer director ejecutivo.
En ese contexto, precisó que el Colegio Médico Dominicano forma parte de este organismo, pero no tiene facultad para intervenir en sus decisiones internas, ya que solo cuenta con un voto.
“El Colegio Médico Dominicano no tiene potestad para ordenar al Consejo de Recertificación lo que debe hacer; eso es una interferencia”, sostuvo, al reiterar la necesidad de respetar las competencias institucionales.
El doctor Mercedes también cuestionó la gestión actual del gremio, señalando que ha estado marcada por desinformación y presuntas violaciones a la Ley 68-03. Indicó que la legitimidad de la directiva se encuentra bajo revisión en el Tribunal Contencioso Administrativo, tras un recurso de nulidad pendiente de fallo.
“Basta ya de desinformación y violación de la Ley 68-03 que creó el Colegio Médico Dominicano”, expresó, al considerar que estas acciones debilitan la institucionalidad del CMD y generan incertidumbre en el sector salud.
En relación con la administración interna, denunció cancelaciones masivas de empleados y médicos en apenas cuatro meses, incluyendo desvinculaciones realizadas en período navideño, así como nombramientos sin cumplir mecanismos de concurso establecidos por la Ley 68-03.
Manifestó preocupación por la designación de personas vinculadas a procesos judiciales en posiciones dentro del gremio, lo que, a su juicio, compromete la transparencia y credibilidad institucional.
“Hemos visto cómo personas imputadas en el caso Medusa han sido nombradas en cargos con funciones muy delicadas dentro del tren administrativo del CMD”, agregó.
Finalmente, expresó su pesar por la indiferencia de la dirección del CMD con relación al Código Penal (Ley 74-25) y su impacto en el sector salud de la República Dominicana, el cual está programado para entrar en vigencia en agosto del presente año.
